El concepto patrimonialista del Estado genera la creencia de que los recursos públicos (dinero, bienes, empresas, etc) no son de nadie y por lo tanto, quien los administra temporalmente en un gobierno o una gestión puede hacer lo que le plazca con ese patrimonio, porque lo considera “de su propiedad”.
A partir de esta concepción patrimonialista, nace y se reproduce la corrupción, el autoritarismo y esa idea de la apropiación del gobernante o funcionario, especialmente si el cargo se extiende en el tiempo; pero inversamente proporcional a esa idea, baja la calidad de los servicios, de la atención pública y del mantenimiento y/o sostenimiento de esos bienes que son de todos, pero en la concepción popular “no son de nadie”.
Valga esta introducción para explicar lo que vamos a desarrollar a continuación y en relación a Punta Loyola que últimamente se “ha puesto de moda” por ser (una vez más) foco de “inversiones” fuertemente promocionadas por el gobierno provincial, pero que detrás de todo ello, muestra un manejo discrecional, arbitrario, inconsulto del recurso público “y patrimonialista” de parte del gobernador Claudio Vidal, en este caso, con tierras fiscales situadas en Punta Loyola, la terminal portuaria a 25 Kms de Río Gallegos.
Gobernantes dadivosos
En el anuncio de la llegada de las empresa MMEX de EEUU, quien pretende construir una planta para destilación de combustibles líquidos, el gobernador Claudio Vidal, además de no explicar si entra dentro de los beneficios del RIGI,dijo dos cosas muy importantes:
La primera es que la provincia se comprometió a aportar los terrenos de Punta Loyola donde se construirán las refinería y se instalarán los tanques de almacenamiento y tambien Vidal dijo que el gobierno provincial “facilitará los trámites necesarios para obtener los permisos ambientales”. “Este proyecto no solo generará combustibles más limpios, sino que será un motor de empleo y desarrollo para la región“, dijo el mandatario provincial, un mensaje que ya escuchamos muchas veces en los últimos años.
En cuanto a las tierras “a ceder” a la empresa estadounidense, sería bueno y conveniente que el gobierno dijera públicamente cuántas hectáreas son, la ubicación, el valor de la tierra, las condiciones en las que se ceden y si el trámite está sujeto a algún estudio previo, plan de trabajo y/o inversión y finalmente si la decisión pasa por manos de los representantes del pueblo o simplemente es resorte del Ejecutivo llevarlo a cabo.
En cuanto a “facilitar la obtención de los permisos ambientales”, la frase del gobernador es bastante suspicaz y deja flotando las sospechas que en tren de que los capitales estadounidenses lleguen, se van a anular todo tipo de controles y exigencias ambientales, como ha ocurrido con la minería y como ocurre desde hace muchos años con el petróleo y puntualmente en Punta Loyola donde han ocurrido una serie de derrames, sin consecuencias de ningún tipo para la operadora CGC, por ejemplo.
Las mismas promesas y la misma entrega
Hay graves antecedentes de situaciones donde hubo sesión de tierras e instalaciones en Punta Loyola y nunca se cumplió el fin previsto, esas tierras se perdieron, nunca nadie rindió cuenta y todo ha quedado en la turbiedad propia de estas acciones de gobiernos y empresas del Estado, donde el sentido “patrimonialista” de quienes son los gobernantes eventuales, está exacerbado y nunca hay responsables de esos negocios espurios que se hacen detrás de aparentes buenas intenciones y blandiendo promesas que nunca se cumplieron ni se cumplirán.
En nuestro informe anterior relatamos el seguimiento que hicimos del “proyecto” de aquella famosa destilería trucha que ideó Néstor kirchner en el 2008 y para reflejar cómo desde el poder se elucubran estas acciones, revisitando de legalidad un trámite administrativo tan espurio como el negocio de las tierras fiscales, basta ver el documento que dio lugar en el año 2011 a la transferencia de 15 Has de 717 hectáreas de la Parcela 11700002408 (Plano de Mensura M-9430) Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Cruz bajo la Matrícula N° 28098 localizado en Punta Loyola, el cual luego fue a parar a las manos de la empresa Patagonia Energética SA, a la cual hicimos referencia en nuestro informe de ayer, conla promesa de levantar allí una destilería trucha.
Ese “negocio” de algunos, se logró mediante un acuerdo del Estado nacional (en ese momento en manos del kirchnerismo) con la provincia de Santa Cruz (también con gobierno K), bajo Expte de la ONABE (Organismos Nacional de Administración de Bienes) N° 218/2009, firmado en CABA en noviembre del 2011 entre Fernando Suarez, por el organismo nacional, Atanasio Pérez Osuna como Coordinador General de la Intervención de YCRT, dependiente, en ese momento de la oficina de Julio de Vido y Jaime Álvarez, en ese momento Ministro de la Producción de Santa Cruz, el mismo que ahora en 2024, en otro gobierno (SER) y como Ministro de Energía, vuelve a entregar tierras en Punta Loyola a otra empresa, sin muchas precisiones al respecto.
En ese acto formal Pérez Osuna en representación de YCRT y por orden de Julio De Vido, le cedió a la provincia de Santa Cruz un predio de 15 has “con el objeto de ser destinado por esta última a actividades de interés general en el marco de un proyecto de desarrollo industrial como polo productivo generador de fuentes de trabajo en el ámbito de la citada Provincia”, un argumento tan laxo e incierto como se puede redactar cuanto los interesados evitan por todos los medios decir concretamente por qué, para qué y con qué propósito se hace la cesión.
Luego de este paso fundamental, la provincia de Santa Cruz se lo regaló a los hermanos Brunetti, que incumplieron todo lo prometido y publictado como la gran industria que iba a producir combustibles líquidos, iba a dar mano de obra local y desarrollar Punta Loyola.
Unos años más tarde en OPI los volvimos a encontrar a los amigos de Puerto Deseado, esta vez formando parte de una Productora de cine, con la cual facturaban al INCAA y estuvieron involucrados en la compra y utilización de una carísima máquina de efectos especiales para cine, adquirida a través de la UNSAM (Universidad de San Martín) por Julio De Vido, investigación de OPI Santa Cruz y luego diera lugar a un juicio contra el ex Ministro de Planificación.
Caso dos
También por aquellos años, hubo una sesión de tierras en Punta Loyola a la petrolera YPF (nacional), con la excusa de que allí se iban a colocar los tanques de almacenaje de combustibles, que aún siguen en la costanera de Río Gallegos.
El patrimonialismo del poder se hizo presente una vez más y el kirchnerismo, con absoluto poder (Nación.Provincia-Municipio) hizo que por el mismo mecanismo anterior, YCRT le cediera a YPF un predio de 22.2 Has en Punta Loyola.
Todo el predio fue alambrado perimetralmente; nunca se transfirieron los tanques de la costanera de Río Gallegos y en el terreno cedido a YPF, hoy propiedad de vaya a saber quién, se apilan cientos de caños de acero que inicialmente eran para construir siete ductos desde el muelle presidente Illia, costeando por la zona de pescadores, hasta la curva que se encuentra unos 500 metros antes de llegar a Punta Loyola, lo cual, como todo lo demás, nunca se hizo.
Ni la nación, ni la provincia, ni YPF, ni CGC y mucho menos los propietarios de la destilería trucha que levantó el kirchnerismo allí, ninguno de ellos dijo, explicó o trató de argumentar por qué se incumplieron todas las promesas, por qué no se asignaron las tierras al objetivo inicial propuesto, por qué no se devolvieron dado el incumplimiento a lo acordado y en manos de quién y con negocios a favor de qué empresa o personas, están asignados esos recursos que son de todos los argentinos y no de los corruptos que han actuado en favor de ellos y unos pocos. (Agencia OPI Santa Cruz)
FUENTE: Agencia OPI Santa Cruz
