Mientras el presidente Javier Milei impulsa recortes del gasto público y elimina fondos, el Gobernador ultra kirchnerista Axel Kicillof responde con medidas opuestas.
Tras un importante ajuste y reestructuración en el INCAA, el gobernador bonaerense avanzó esta semana con la media sanción de un proyecto de ley que asigna más recursos al cine y establece un marco legal para fomentar la «producción audiovisual» en la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, presentada a mediados del año pasado y enviada al Senado, contempla un fondo de fomento de 675 millones de pesos, cuyo presupuesto se ajustará anualmente en función de la variación del precio promedio de las entradas de cine determinado por el INCAA.
El proyecto fue debatido en la Cámara de Diputados bonaerense el martes pasado y recibió el respaldo de 37 legisladores de Unión por la Patria, junto con 7 miembros del bloque «Acuerdo Cívico – UCR+GEN«.
En contraste, el PRO, los diputados libertarios alineados con Milei, la Coalición Cívica y otros radicales votaron en contra. El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) optó por la abstención.
El kirchnerismo propone crear un deficitario «Consejo Provincial Regional«, que estará bajo la supervisión del Instituto Cultural bonaerense liderado por Florencia Saintout.
Este organismo, apodado como un «INCAA bonaerense«, funcionará con una estructura similar a la del instituto nacional y a otros existentes en distintas provincias, aunque con carácter asesor.
Si el Senado aprueba la medida, el organismo se compondrá de las siguientes representaciones: 1 por el gobierno bonaerense; 6 por la actividad audiovisual según región; 2 por sindicatos y asociaciones gremiales del sector; 2 por asociaciones de directores y productores; 2 por entidades de derechos de autor; y 2 por universidades públicas provinciales o nacionales.
Todos los miembros deberán residir en la provincia y, tras negociaciones con el radicalismo, se estableció que los cargos serán honorarios y tendrán una duración de dos años.
La iniciativa declara la «industria audiovisual» como un sector de «interés público«, con «valor estratégico» y «patrimonio invaluable«.
Propone estimular, fomentar y proteger la creación, producción, distribución y exhibición de contenidos bonaerenses, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Aunque el proyecto tiene respaldo en el sector audiovisual, el fondo de 675 millones de pesos se considera «simbólico» frente a las «necesidades reales de financiamiento«. En el debate en la Cámara, se destacó la presencia del actor Pablo Echarri, defensor del proyecto.
«Este proyecto tiene mucha significancia en un contexto de ataque a la cultura, de vaciamiento y de achicamiento de cualquier herramienta de fomento cultural. Esta ley va en un sentido diametralmente opuesto a lo que está ofreciendo el gobierno nacional«, expresó Echarri, que se quedó sin curros, debido a que el presidente Milei se los cortó en el INCAA, y ahora busca recuperarlos.
Viviana Dirolli, presidente de la Comisión de Asuntos Culturales, subrayó el «impacto económico» de la industria audiovisual, señalando que, según ella, genera «altos retornos» en otras áreas económicas y «empleo indirecto«.
Por otro lado, el diputado Guillermo Castello (Libre) criticó la propuesta, argumentando que la política cultural prioriza intereses partidarios.
«Yo me pregunto si es justo gastar ese dinero cuando el 55% de la provincia de Buenos Aires es pobre. Siete de cada 10 chicos son pobres. El 50% del conurbano no tiene cloacas ni agua potable. La tercera parte no tiene gas natural, y tiene la provincia tiene la mitad de los indigentes del país«, criticó Castello.
«Esta película ya la vimos. Hay cientos de denuncias de despilfarros, de arbitrariedades, de ilícitos e intercambios de favores«, sentenció.
Fuente: Derecha Diario
