Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, el presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a las universidades públicas cayó un 30% y, en consecuencia, los salarios reales docentes se desplomaron un 23%.
Estos datos, publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se venían anticipando con la serie de medidas que llevó adelante el presidente Javier Milei, sumado al veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante todo el 2024, el ámbito estudiantil superior rechazó estas iniciativas por parte del oficialismo y se manifestó en las calles acompañados no sólo por estudiantes y docentes de instituciones públicas y privadas, sino también por varios sindicatos que se plegaron a la jornada de lucha.
De acuerdo a las organizaciones que formaron parte, y en referencia a movilizaciones anteriores, se calculó que en la primera marcha, realizada el 23 de abril, estuvieron presentes más de 800 mil personas y, según un relevamiento nacional realizado por el Equipo Mide, «el 51% de los encuestados apoyó la Marcha Federal Universitaria, mientras que sólo un 22% se opuso».
A pesar de la impactante presencia del movimiento universitario, desde el Gobierno aseguraron que fue «un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira».
Otra de las problemáticas que instaló el Ejecutivo Nacional fueron las auditorías a las que, supuestamente, las universidades públicas no querían someterse; desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), y desde muchos rectorados de otras casas educativas, sostuvieron que eso no era cierto, debido a que las realiza la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994, año en que se reformó la Constitución Nacional y se estableció la autonomía universitaria.
Aunque la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tenía competencias para poder auditar las universidades, el Gobierno decidió que interviniera y así fue como el titular del organismo, Miguel Blanco, comunicó las investigaciones que realizaron para confeccionar informes presupuestarios.
Pasadas las semanas, y si bien no se dio a conocer ninguna irregularidad en ningún aspecto, desde Nación comenzaron a instalar la idea de que las universidades albergaban estudiantes «inventados» para recibir mayor presupuesto, situación que rectores de distintas instituciones públicas desmintieron, debido a que la inscripción es online y si esos estudiantes no están inscriptos, no pueden rendir exámenes.
El día anterior a la segunda Marcha Federal Universitaria, realizada el 2 de octubre, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, expresó que esa movilización se trataba de una protesta «antigobierno» y que “varias de sus consignas” estaban vinculadas “solamente al problema de los salarios», cuando el mayor porcentaje del presupuesto está destinado a los sueldos docentes.
Sin embargo, esta segunda movilización también fue multitudinaria: se calculó que asistió más de un millón de personas en las inmediaciones del Congreso, mientras otras 400.000 marcharon en el interior del país.
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En esta oportunidad, se rechazó de antemano el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario, además de reclamar un mejor salario docente.
A pesar de los reclamos, finalmente sucedió lo que ya se rumoreaba: durante la sesión solicitada por la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal (EF), Coalición Cívica (CC), Movimiento Popular Neuquino, Por Santa Cruz y Unión por la Patria (UxP), la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios de los votos para rechazar el veto a la ley.
Por el momento, el Consejo Superior de la UBA solicitó la semana pasada una nueva Ley de Financiamiento para el próximo año, debido a que considera que las necesidades presupuestarias del sistema universitario ascienden a $7,2 billones para el 2025 y el proyecto presentado por el Gobierno Nacional contempla una asignación sólo de $3,95 billones.
Fuente: Conclusión
