En una extensa nota que se conoció en la mañana del viernes 17 de enero, unas 60 entidades, organizaciones de derechos humanos y grupos de diversos orígenes, expresaron su apoyo a la mesa de diálogo abierta entre la municipalidad de Villa La Angostura y la comunidad mapuche Paicil Antriao, con el fin de intentar dirimir el conflicto territorial en torno a la ocupación del predio donde funciona el camping Correntoso. El escrito sostiene que el diálogo “es un paso fundamental para resolver la situación de manera pacífica”.
Además, consideran la medida ordenada por la justicia “como un acto violento que no conduce a la resolución de los problemas de fondo” y señalan que el enfoque del conflicto mediante el diálogo “subraya la voluntad de trabajar juntos para encontrar soluciones pacíficas”, en lugar de optar por el cumplimiento de la resolución judicial, “que podría implicar un desalojo”. El mismo escrito resalta que la comunidad Paicil Antriao “lleva años administrando el camping Correntoso, como un derecho derivado de la presencia ancestral en el territorio desde hace más de un siglo, cuando le fue entregado”.
La nota recuerda que el abogado Virgilio Sánchez, representante legal de la comunidad mapuche, “resaltó la importancia de entender la posesión ancestral de los territorios, como un derecho fundamental” y remarcó que se trata de un concepto históricamente reconocido en la legislación argentina. Según el abogado, la posesión prolongada de las tierras por parte de la lof, entre las que se encuentra el camping Correntoso, “representa, no solo un acto de resistencia ante los embates de los intereses externos, sino también una muestra de su profundo vínculo con el territorio y sus recursos, que no puede ser ignorado”.
La nota considera inadmisible que el Poder Judicial de Neuquén y el ejecutivo municipal de Villa La Angostura “se sigan amparando en la legalidad de una Norma de la última dictadura militar para justificar desalojos y despojos, a 41 años de la recuperación de la democracia”. En ese punto, recordaron que la Ley 21.477, firmada por Rafael Videla, “ha permitido que las provincias se apropien de tierras mediante actos administrativos sin demostrar posesión”.
Para fundamentar la adhesión a la mesa de diálogo, la nota expresa “el enfático rechazo al andamiaje jurídico”, sobre el que se sustancia lo que consideran un despojo territorial, “que atenta contra los derechos de los pueblos originarios y los principios democráticos”. Además, sostiene que el rol del estado “es fundamental para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos originarios, quienes han sido históricamente vulnerados en sus territorios”.
Las adhesiones
Los más de 60 firmantes de la nota afirman que la mesa de diálogo debe seguir hacia un acuerdo que resuelva el conflicto de manera equitativa y justa, “permitiendo a la comunidad mapuche, continuar en su territorio, sin renunciar a su identidad ni sus derechos históricamente otorgados”. Entre las adhesiones, aparecen organizaciones de derechos humanos de Neuquén y varias provincias, entre ellas Mendoza y Chubut; entidades políticas; cooperativas; organizaciones gremiales y representantes de entidades de orígenes diversos.
FUENTE: Minuto Neuquen
