Tras el asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue arrastrada por el auto el cual robaron dos menores de 17 y 14 años, la Cámara de Diputados de la Nación debatirá este miércoles 12, en comisión, el proyecto para bajar la edad de imputabilidad para establecerla en 14 años, con el fin de poder imponer prisión de hasta 20 años a los menores que cometen delitos graves y prohíbe la pena de reclusión perpetua.
Luego del pedido del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa para que se apruebe la reforma del Código Procesal Penal, la presidenta de la comisión de Legislación Penal Laura Rodríguez Machado (PRO) motorizó la convocatoria para discutir este miércoles a las 10 esa iniciativa, que siempre dividió las aguas en el Congreso.
Rodríguez Machado acordó con sus pares de la comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Minoridad, y Presupuesto, Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), acelerar la citación al plenario con el objetivo de comenzar a discutir un dictamen, ya que con las siete reuniones que hizo el año pasado ya concluyó la ronda de consultas.
El Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para procesar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14 años, como proponen entre otros, el diputado massista Ramiro Gutierrez.
También el presidente del PRO, Cristian Ritondo propuso bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y en la misma línea está el proyecto presentado por el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, así como las iniciativas impulsadas por los legisladores de Producción y Trabajo, Nancy Picon, y la radical Carla Carrizo.
En cambio, el diputado libertario mendocino Alvaro Martínez presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los doce años, y la legisladora piquetera de UP, Natalia Zaracho, impulsa mantener la edad actual e incluso analizar si a los 16 años ha comprendido los hechos delictivos que ha realizado, así como una serie de medidas de contención social.
El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
A pesar de las diferencias, la mayoría de las propuestas presentados, 12 en total, coinciden en reducir la edad de imputabilidad, aunque con distintos criterios. La excepción es Unión por la Patria, que insiste en mantener el límite en 16 años. El argumento es que menos del 1% de los delitos graves en Argentina son cometidos por menores de edad, cifra que se reduce aún más en la franja de 14 y 15 años.
Todas las iniciativas proponen en la reforma del Régimen Penal Juvenil diversas sanciones además de la prisión para los delitos menores y para lograr la resocialización del menor. En ese sentido, la iniciativa del Gobierno propone un abanico de sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o de lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas.
Para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad. Otra opción es que permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio.
Fuente: Conclusión
