El diputado nacional Pablo Cervi y el legislador provincial César Gass, de Juntos por el Cambio de Neuquén, realizaron una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que apure la definición sobre la medida cautelar de no innovar, ante la finalización de las concesiones hidroeléctricas en Neuquén, a fin “que se respete el dominio originario de la provincia sobre sus recursos”, que ingresaron en noviembre de 2023, con el objetivo de “evitar posibles daños injustos e irreparables”.
La intención de los legisladores, es “evitar que el Ejecutivo Nacional, realice cualquier iniciativa, acción administrativa o reglamentaria, relacionadas con la extensión, prórroga o renovación de las concesiones de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila”. Esa definición es la que preocupa a los legisladores, ya que “de no producirse, estaríamos a las puertas de la privatización de las represas, sin consulta a las provincias dueñas del recurso”, señalaron.
En los fundamentos de la nueva presentación, los diputados recuerdan que “a muy pocos días del vencimiento de las prórrogas de las concesiones de las represas del Comahue, la cartera energética nacional, “confirma que pasarán a manos del estado de manera transitoria”, y remarcan que las provincias de Neuquén y Río Negro, “ni siquiera fueron convocadas para tomar tal decisión”. Señalan que tampoco fueron convocados en los respectivos ámbitos legislativos, nacional y provincial, “para tratar estos temas, afectando la actuación que les compete a los legisladores”.
Los diputados, afirmaron que “esta suerte de prórroga indefinida, no puede continuar” y recuerdan que podrían extenderse hasta el mes de agosto de este año y a partir de esa fecha, “se debería resolver la situación, o buscar una figura alternativa”. Advierten que, en caso de no existir una definición, “se producirá indefectiblemente la reversión de las represas y sus activos a la Nación” y el probable inicio de procesos de otorgamiento de nuevas concesiones, en los cuales la provincia “no habrá participado en su calidad de propietaria del recurso natural”.
Para los autores de la presentación, la situación es “de extrema gravedad” y denuncian que el gobierno nacional, “está previendo que las centrales pasen al estado y sean operadas por Energía Argentina S.A. (ENARSA), hasta volverlas a concesionar” y remarcan que en la Ley Bases, que discuten en el Senado, la empresa Enarsa, “se encuentra entre las compañías sujetas a privatización”. ¿Cuál será entonces el destino de las represas hidroeléctricas?, se preguntan.
FUENTE: Minuto Neuquen