Cientos de personas marcharon en las calles para que la Corte Suprema de Ecuador comience el juicio político contra el actual presidente, Guillermo Lasso, quien se vio inmiscuido en varias acusaciones de corrupción. Realizó esta manifestación la organización de Pueblos Originarios más grande de toda la nación sudamericana, además de un pedido de varios legisladores de la oposición.
A principios de marzo, un grupo de legisladores del Congreso sudamericano publicó un informe que comprometía al mandatario por posibles conexiones que tendría con delitos contra la administración pública y sobornos dentro de empresas estatales. Por su parte, desde el gobierno de Ecuador indicaron que se trataba de una jugada de la oposición para desestabilizar políticamente al oficialismo con el objetivo de sacarlos del poder.
Fue en ese momento cuando la Asamblea Nacional de la nación sureña recomendó iniciar un juicio político contra Lasso que, de ser aprobado por los jueces y de recibir 92 votos de 137, podría terminar con la censura o destitución del presidente. En caso de que se dé esta situación, muchos analistas creen que el mandatario puede disolver la Asamblea y llamar a elecciones generales en Ecuador varios años antes de que terminen los mandatos.
“La figura de la disolución de la Asamblea y convocatoria a elecciones anticipadas generales es una herramienta que consta en la Constitución, es absolutamente legal”, expresó Henry Cucalón, ministro de gobierno del país colindante con el Pacífico, quien indicó que está en Lasso “valorar o no esa situación”.
La OEA en contra
Cuando empezó a saberse más información sobre este tema, la Organización de Estados Americanos realizó un comunicado en el que le pidió al pueblo ecuatoriano “respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales”.
“La Secretaría General expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales”, dijeron desde el organismo internacional y agregaron que la oposición tiene que “enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional”.
FUENTE: Minuto Neuquen
