La Oficina del Presidente informó las razones que llevaron a Javier Milei a tomar la decisión de echar a Florencia Misrahi, hasta hoy titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): una modificación del régimen tributario de streamers e influencers que se llevó a cabo “de manera inconsulta”.
“La decisión de modificar el régimen tributario de streamers e influencers digitales fue tomada de manera inconsulta, y será revertida de manera inmediata tras su salida”, advirtieron desde la Oficina del Presidente y remarcaron que “este Gobierno no va a perseguir a las nuevas formas de negocios digitales y reafirma su compromiso para trabajar en un régimen tributario simplificado. La solución al persistente déficit fiscal que sufrió por décadas la República Argentina no es buscar nuevas formas de recaudación sino bajar el gasto público”.
La Resolución General 5.607 -la de la discordia- incorporó la actividad 731002, que incluye la “creación, edición, producción, difusión y/o publicidad de contenido audiovisual” que se utilice o reproduzca en redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales “y otras actividades económicas vinculadas a creadores de contenido”. La misma normativa también alcanza fiscalmente a la criptominería y las transacciones digitales.
Esto resulta de una actualización de las modificaciones introducidas al “Clasificador de Actividades Económicas” (CLAE) que introdujo la resolución firmada por la ahora ex jefa de ARCA.
La aplicación del nuevo CLAE implica la identificación de los creadores de contenidos digitales y general de hecho como una “base imponible” que abarca el universo de instagramers, bloggers, youtubers, tiktokers y todo tipo de influencers que, en adelante, deberían facturar por sus servicios, sin posibilidad de elusión impositiva, porque incluso los canjes se calcularían a valor de mercado.
El enojo del Presidente que terminó en la salida de Misrahi
Cuando esta iniciativa y sus eventuales efectos llegaron a su conocimiento, el presidente Javier Milei, participante activo del mundo digital y partidario de una interferencia mínima del Estado en la actividad económica en general y en las nuevas tecnologías en particular, ordenó rever la medida.
El presidente ordenó también determinar qué funcionarios intervinieron en la elaboración de la resolución, altamente técnica y con numerosos artículos que disponen reemplazos de ciertas descripciones de actividad por otras, por lo que la responsabilidad recaería sobre los técnicos, probablemente de nivel de directores o subdirectores, que serían desplazados de la agencia fiscal.
Sucede que una vez sumados al código CLAE e identificados, los influencers deberían pagar una larga lista de impuestos nacionales y quedarían también al alcance de los fiscos provinciales, lo que no solo gravaría su actividad sino que podría incluso cortar de cuajo todo un ecosistema de desarrollos tecnológicos y creativos.
Los impuestos potencialmente aplicables serían monotributos, IVA, Ingresos personales (antes llamado impuesto a las Ganancias). Los influencers estarían obligados a pagar aportes al sistema de seguridad social (jubilaciones) y facturar los ingresos por sus servicios.
Además, los fiscos provinciales, según donde sea el asiento legal de su actividad, les impondrían el pago de Ingresos Brutos y, en el caso de las provincias adheridas al monotributo unificado, un monotributo provincial, que debería pagarse junto con la liquidación de ingresos brutos.
Los cambios al CLAE también alcanzarían las operaciones con criptomonedas, ya que la Resolución 5.607 actualizó el nomenclador de actividades realizadas con criptoactivos incluyendo las actividades de criptominado, sobre las cuales se diferencia según se realicen con equipos propios o alquilados.
Además de la salida de Misrahi, el Gobierno también desplazó a otros dos funcionarios del organismo. Además, anunció que al frente del ARCA quedará Juan Pazo, quien días atrás había asumido como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, lugar que ahora ocupará Pablo Quirno.
