El lunes, el juez federal Sebastián Casanello procesó al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta relacionada con los fondos del programa Potenciar Trabajo entregados por el Estado. Según el fallo, estos fondos se desviaron para uso partidario. Además, se impuso a Belliboni un embargo de 390 millones de pesos. El magistrado afirmó que se utilizó la política pública en beneficio de intereses partidarios.
El procesamiento incluyó a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en detrimento de la administración pública. Además, la decisión afectó a María Isolda Dotti y Gianna Puppo: para ellas, el procesamiento fue por defraudación y también por «amenazas coactivas». Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia fueron acusadas de ser las autoras de amenazas. Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz también fueron procesados como cómplices en la defraudación y amenazas coactivas.
El juez dictó la prohibición de salida del país a Belliboni, así como la entrega de su pasaporte, y le ordenó presentarse mensualmente en el juzgado y abstenerse de visitar los comedores sociales en investigación. La misma medida se aplica a Centanni, Lubenfeld, Ortíz, Coego y Mamani. Continúa la inhibición general de bienes sobre su patrimonio, el congelamiento de productos bancarios y cuentas CVU, y el bloqueo de acceso a las cajas de seguridad de individuos, la Asociación Civil Polo Obrero, la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda., y la empresa Ediciones e Impresiones Rumbos SRL.
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron. Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, La resolución de Casanello se extiende a lo largo de 168 páginas.
Y añadió: “Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”.
El caso comenzó el 20 de diciembre, cuando se organizaba la primera protesta de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno activó el número 134 del Ministerio de Seguridad para denuncias anónimas. Una denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py, con reportes de todo el país. El fiscal Pollicita, encargado de la investigación, se centró en las 45 denuncias de la Capital Federal, su área de competencia. Procedió a rastrearlas y logró localizar a siete personas, de las cuales cinco accedieron a testificar.
Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez llamó a indagatoria porque “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó. Y destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
Los acusados desfilaron por Comodoro Py negando las acusaciones. Además, afirmaron que se trata de una persecución política por parte del Gobierno hacia las organizaciones populares.
En el último día previo al comienzo de la feria judicial de invierno, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó la ampliación de la acusación y requirió que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y exresponsable de la Secretaría de Economía Social durante la administración de Alberto Fernández, sea convocado a prestar declaración indagatoria. Se le imputa liderar una «matriz de corrupción» que habría permitido al Polo Obrero «extorsionar a los beneficiarios de planes sociales» y destinar los fondos recibidos a financiar sus actividades políticas.
El juez Casanello, que esta mañana retomó la actividad judicial, firmará el procesamiento de Belliboni y los demás implicados, asunto que será analizado ahora. Para el juez, “ha quedado demostrado que las personas nombradas, que tenían a su cargo la administración de tales fondos, se apartaron de las obligaciones asumidas y los aplicaron a una finalidad distinta”
El juez afirmó que “el desvío de la finalidad del convenio celebrado entre las referidas unidades de gestión y el ex-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no se circunscribió únicamente al uso indebido y con fines particularizados de los fondos recibidos en concepto de subsidio institucional”. Hubo una segunda parte que se plasmó “a partir de un aprovechamiento de la posición de poder en que se encontraban respecto de los beneficiarios del programa social, a quienes se les impuso el cumplimiento de una serie de exigencias, bajo la advertencia de perder la ayuda estatal, que no tenían que ver con el objetivo de promover su inclusión social y/o contribuir al mejoramiento de su empleabilidad”.
“Nuevamente se puso de manifiesto aquí el propósito de financiar y robustecer la actividad político–partidaria. Es la contracara del primer desvío, pues el desfinanciamiento de la unidad de gestión implicó hacer a un lado la contraprestación y reemplazarla, sustancialmente, por la obligación de marchar bajo la bandera del Polo”, añadió el juez.
En la misma decisión, el magistrado se declaró incompetente y remitió al fuero electoral las evidencias relacionadas con la coacción a los comensales del comedor «La Carbonilla» para votar por Vanina Biasi, candidata del Partido Obrero, en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de 2023. Esto se hizo a través de varios mensajes enviados el 13 de agosto de ese año mediante el grupo de WhatsApp «Polo Obrero Carbonilla», del cual formaban parte.
