Los productores que integran la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS) junto a la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro reclamaron por la vigencia de la denominada Ley Ovina, cuya aplicación para el 2024 se suspendió junto al programa Prolana por una decisión del gobierno nacional que conduce Javier Milei.
La suspensión se dio tras la aprobación de la denominada ley Bases que incluyó la ley N° 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, un fideicomiso que permitía contar con recursos para la mejora de la producción ganadera.
Los productores señalaron en un comunicado que esta ley “ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable”.
Allí critican que “definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad”.
“La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país” sostienen las entidades gremiales de productores patagónicos.
Advierten que “el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente” y recuerdan que en cada provincia había una coordinación provincial y una Unidad Ejecutora Provincial integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores.
Los proyectos presentados debían ser “realizados por profesionales habilitados, se realizaba una evaluación técnica legal y administrativa; los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura y anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos”.
En el comunicado dan cuenta del contexto económico que atraviesa el sector donde “los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes”.
“La Patagonia produce el 72% de la lana total del país y de la cual el 90% de su producción es lana fina; posee el 58 % de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos; representa el 33 % del Territorio nacional; sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones, lo que significa 33 mil pesos por productor o 45 pesos por animal y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios” argumentaron.
En ese sentido reclaman que debe concretarse un encuentro con autoridades del gobierno nacional para reponer el funcionamiento de la ley Ovina porque “estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural”.
“No compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad” finalizaron. (Agencia OPI Santa Cruz)
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FUENTE: Agencia OPI Santa Cruz
