La Defensora Pública Ivana Dal Bianco, quien horas atrás logró que una mujer acusada de matar a su pareja resultara absuelta, cuestionó duramente el mecanismo de Juicio Directo, recientemente incorporado al Código Procesal Penal. Esto ocurrió durante una audiencia de formulación de cargos en la que la fiscalía solicitó la aplicación del juicio directo. Sin embargo, la defensoría alegó que ello imposibilita armar una estrategia de defensa adecuada.
«El juicio directo nos lleva a un lugar de no defensa», dijo Dal Bianco, al argumentar que, en las escasas horas en las que tomaron conocimiento de la detención de L.B.C.R., la Defensa Pública no pudo contactar a la mujer policía que lo detuvo, así como tampoco pudo entrevistar al único testigo del procedimiento. Por ello, se opuso al pedido del fiscal.
«El juicio directo instituye una desigualdad; se nos imposibilita llevar adelante una investigación, un control de la prueba e invisibiliza a la defesa, lo que vulnera los derechos de las personas sometidas a proceso», señaló. Asimismo, reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la norma, fundada en que «vulnera la defensa técnica eficaz y la igualdad de armas, lo que impide ejercer su función, como lo establece el artículo 135 del Código procesal penal».
Dal Bianco expresó: «Esto no es una casa de comidas rápidas, donde entramos y salimos con la condena». Y agregó: «Las personas sometidas a proceso tienen derecho a defenderse, y la Defensa tiene que tener el tiempo suficiente para un trabajo eficaz». Consideró que, en este caso, la solicitud de juicio directo no respeta esto, y por eso pidió la inconstitucionalidad de la norma.
El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y no autorizó el juicio directo, el cual «tiene que ser interpretado de forma sistémica con el resto de las disposiciones del CPP». Estimó que la posición de la Defensa es concreta, y recalcó que habilitar el juicio en este caso puede afectar derechos constitucionales, ya que faltan realizar medidas de prueba para poder controvertir la formulación de cargos». Y concluyó: «la Defensa necesita tiempo para realizar prueba y sostener su propia teoría, y tiene motivos para exigir más tiempo para ejercer una defensa legítima».
La ley 3.415 fue aprobada el año pasado, y modificó las condiciones establecidas en el CPP para la realización de los juicios directos, principalmente eliminando la necesidad de conformidad por parte de la Defensa. Desde su entrada en vigencia, solo se pidieron dos juicios directos en toda la Provincia: uno en la IV Circunscripción (que aún no se ha realizado) y este caso.
FUENTE: Minuto Neuquen
