Mientras Trump calienta los ánimos en todo el mundo, de Gaza a Ucrania pasando por Groenlandia, el flujo de inmigrantes sin documentos se sigue enfriando en la frontera sur, y con la determinante ayuda de México y otros países.
Un mes después de asumir, la Administración Trump había logrado uno de los récords más esperados del electorado que abrazó su radical Agenda 2025:
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció el arresto de apenas 200 personas en la frontera sur, la cifra más baja en un solo día en más de 15 años.
Por supuesto, lo primero que hizo el presidente Donald J. Trump fue atribuir exclusivamente el método a las más de 20 acciones ejecutivas (decretos) que emitió su administración, incluyendo el comienzo de las deportaciones que prometió en campaña y el refuerzo militar en los más de 3 mil kilómetros de frontera con México.
El ingreso de inmigrantes ilegales desde el sur -y de cargamentos del opioide fentanilo que causó en 2024 la muerte de más de 60 mil estadounidenses- fue argumento para imponer a México -como a Canadá- unos aranceles de 25% a sus importaciones cuya aplicación, a principios de marzo, postergó hasta abril.
Sin embargo, ampliando el zoom, se ve otra cosa: las medidas adoptadas en México por el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero, y ahora por su sucesora Claudia Sheinbaum, para frenar a los inmigrantes ya en su territorio fueron claves en el descenso del flujo.
Y esa retracción, apoyada además por países centroamericanos temerosos de sanciones económicas de la Administración Trump, tiene su raíz profunda en una política de Estado iniciada ya por su sucesor y a la vez predecesor demócrata, Joe Biden, receptivo al electorado demócrata moderado y conservador, aunque ese giro sirvió de poco a la candidatura de la exvicepresidenta Kamala Harris en noviembre.
El papel de México
El México actual es diferente al de 2019, cuando crecía ya el flujo de inmigrantes marchando a pie desde el norte de Sudamérica (Venezuela) y Centroamérica a través del riesgoso Tapón del Darién, en la selva colombo-panameña, hacia el norte de México, frenado por la pandemia y reactivado con más fuerza después.
“Ningún país es más importante para la gestión de la migración hacia Estados Unidos que México. La prueba más reciente de ello es la realidad actual en la frontera entre EE.UU. y México, donde el número de migrantes irregulares ha caído a su nivel más bajo en cinco años, en gran medida debido al control migratorio que han llevado a cabo autoridades mexicanas”, según Ariel G. Ruiz Soto y Andrew Selee, analistas del Migration Policy Institute.
México instaló puestos de control en las rutas migratorias, restringió visados, dispersó caravanas de migrantes y los trasladó a lugares lejanos para apartarlos de la frontera. Desde inicios de 2024, detienen cada mes a más inmigrantes que Estados Unidos, hasta bajar la cifra a casi cero. “Cayó 90%”, confirmó la oficina del estado de Chihuahua responsable de los migrantes, en Juárez.
Los pocos que consiguen llegar hasta la frontera con Estados Unidos, ya ni intentan entrar. “Saben que no pueden cruzar», dijo un sacerdote mexicano de la zona. «Todos los agujeros bajo tierra, los túneles, los agujeros en el muro, prácticamente lo han sellado: es mucho, mucho más difícil”.
Pero ya pasaba con Biden. El número de personas detenidas tratando de cruzar la frontera había estado disminuyendo drásticamente, según datos del gobierno de Estados Unidos (unos 60 mil contra 160 mil promedio en los últimos tres años).
Muchos de los que esperan es porque ya tienen citas para solicitar asilo, a través de la app oficial CBP One, que descomprimió las oficinas de recepción. Son unos 30 mil con citas, y un total de 270 mil esperando conseguirlas.
Para rematar, el nuevo gobierno de Sheinbaum envió 10.000 guardias nacionales a la frontera y cientos de soldados al estado de Sinaloa, un importante centro de tráfico de fentanilo, la droga que obsesiona a las autoridades policiales y de salud de Estados Unidos hace muchos años (la mortalidad descendió a casi la mitad).
Competencia cruel
Un caballito de batalla de Trump en la campaña electoral que lo enfrentó a la ex vicepresidenta Harris, a cargo de un programa anti inmigración ilegal de pobres resultados en Centroamérica, fue la “deportación masiva” de inmigrantes ilegales, y hasta la creación de campos de concentración de tránsito para personas que tildó de delincuentes y les atribuyó matar y comerse mascotas de estadounidenses.
«Los medios de comunicación y el Partido Demócrata seguían diciendo que necesitábamos nuevas leyes para asegurar la frontera. Pero resultó que todo lo que realmente necesitábamos era un nuevo presidente”, se ufanó Trump en el reciente Discurso sobre el Estado de la Unión.
“Biden no sólo abrió nuestras fronteras. Hizo volar a extranjeros ilegales sobre ellas para abrumar nuestras escuelas, hospitales y comunidades en todo el país”, espetó.
Sin embargo, el número de encuentros con migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, que había alcanzado un máximo histórico en diciembre de 2023, cayó en los últimos meses de 2024. Ahora está en su nivel más bajo desde julio de 2020, unos 50 mil en diciembre de 2024, contra los 250 mil de diciembre de 2023, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Además, esta segunda Administración Trump deportó a 37.660 personas durante su primer mes, según el Departamento de Seguridad Nacional, mucho menos que la media mensual de 57.000 expulsiones y devoluciones del último año de Biden. Las autoridades deportaron en 2024 al mayor número de inmigrantes indocumentados en casi una década, sobre el récord del primer mandato de Trump.
Más de 271.000 inmigrantes fueron deportados a 292 países durante el pasado año fiscal, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Biden se había comprometido en 2021 a pausar las deportaciones, pero su administración acabó ampliándolas tras un aumento de los cruces fronterizos.
En total, Biden llevó a cabo 1,5 millones de deportaciones en sus cuatro años, según cifras del Migration Policy Institute, la misma del primer mandato de Trump, mientras que los ocho años de Barack Obama sumaron 2,9 millones.
Ahora, los actuales funcionarios aseguran que el ritmo de detenciones y deportaciones irá en aumento durante los próximos meses y que los primeros vuelos a varios países de América Central de inmigrantes indocumentados, incluso de países muy lejanos, irán creciendo durante el año.
En cruel competencia, la portavoz Tricia McLaughlin llegó a argumentar que las cifras de deportaciones de la era Biden parecían “artificialmente altas” debido a los mayores niveles de inmigración ilegal que se les correspondían.
Complicidad o resignación
Varios países centroamericanos llevan mucho tiempo recibiendo a sus propios ciudadanos deportados de Estados Unidos, pero ahora el gobierno de Trump les ha pedido que acojan también a personas de otros países, como Panamá y Costa Rica.
Centenares de migrantes trasladados en avión sin conocer su destino y llevados en autobús a refugios aislados. Tres aviones transportaron en enero a Panamá tres a unos 300 migrantes, en su mayoría de Asia y Medio Oriente. Días después, aterrizó en Costa Rica un vuelo con 135 personas, casi la mitad de ellas niños, e incluía a decenas de personas procedentes de China, Asia central y Europa oriental.
Los migrantes permanecerán bajo custodia de las autoridades locales hasta que puedan ser devueltos a sus países o consigan asilo en otro lugar, en vez de ser retenidos como durante años en Estados Unidos.
El mecanismo permite expulsar a personas de países como China, Afganistán e Irán, con trabas diplomáticas para deportarlas, eludir leyes internacionales que obligan a ofrecer asilo a las personas que pueden sufrir condiciones de vida peligrosas en sus países de origen y retener a niños, niñas y adolescentes que de otro modo eran separados de sus familias tras el cruce de la frontera.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, comentó casi resignado: “Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos pone un impuesto en zona franca nos friega”, en alusión a la amenaza de aranceles como los impuestos a México y a Canadá.
“No hay quid pro quo ni amenazas”, aseguró Carlos Ruiz-Hernández, vicecanciller de Panamá, pero Trump amenazó con retomar el control del Canal de Panamá, argumentando que está bajo virtual control de China.
El presidente José Mulino rechazó la pretensión, pero sin tomar medidas de represalia. Enfrentado con su par Nicolás Maduro, de Venezuela, ideó que los inmigrantes deportados siguieran vuelo a Cúcuta, una ciudad colombiana en la frontera, pero el presidente Gustavo Petro, crítico de Trump, rechazó esa opción.
Dónde estoy
Muchos de los deportados desde Estados Unidos a Panamá ni siquiera sabían en qué país se encontraban y la prensa internacional recogió dramáticos testimonios gráficos de personas pidiendo ayuda con carteles desde las ventanas de un hotel.
El Ejército estadounidense participó en más de una docena de vuelos militares de deportación a Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú e India. También fueron trasladados en avión migrantes venezolanos a la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, donde Trump pretende reunir hasta 30.000 migrantes.
Las deportaciones rápidas pueden aumentar porque la agencia de control fronterizo ICE tiene unos 41.100 detenidos y el Senado ya aprobó un proyecto de ley para destinar 340.000 millones de dólares en cuatro años a seguridad fronteriza, deportaciones, desregulación energética y gasto militar adicional.
De la ofensiva trumpista contra la inmigración ilegal, participan, además del ICE, el FBI, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la Patrulla Fronteriza.
FUENTE: chptnoticias.com
