Santiago Caputo sigue acumulando denuncias. El asesor presidencial, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, y otros dirigentes que apoyan al presidente Javier Milei fueron denunciados por presunta administración fraudulenta, por el alquiler de un piso en el Palacio Reconquista por un valor de más de $2.000 millones.
El abogado Gregorio Dalbón elevó una demanda penal contra Leguizamo, Santiago Caputo, el director y coordinador de la Fundación Faro, Agustín Laje y Francisco Caputo; los representantes de la firma inversora Eslava S.A, Marcelo Adolfo Pocovi, Victoria Eugenia Pocovi y Kevin Pocovi y a los responsables de la firma Miriam Campos S.A por los «delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican».
En el texto elevado a la Justicia, se consigna que el PAMI «destinó más de $2.300 millones al alquiler de un piso de lujo en el Palacio de la Reconquista, ubicado en el casco histórico de Buenos Aires, a través de una compulsa abreviada, que supera significativamente los precios de mercado para pisos de iguales características que se encuentran en el mismo edificio».
También se señaló que, «además del sobrevaluado costo de alquiler, el PAMI autorizó hasta $1.000 millones adicionales de los jubilados destinados a refacciones para acondicionar el inmueble, que, a cuatro meses de iniciado el contrato, aún permanece en obras y sin uso. Por otra parte, corresponde advertir que la empresa beneficiaria del contrato es Inversora Eslava S.A., representada por Marcelo Adolfo Pocovi, cuya familia mantiene vínculos estrechos con el Gobierno libertario».
También se advirtió que «a pesar de que la modalidad de compra directa no requiere intermediación inmobiliaria, el PAMI le abonó a la firma Miriam Campos S.A. un monto de $46.800.000 en concepto de ‘honorarios por esta gestión’”.
Por otra parte, se cuestionó que la Fundación Faro, «con oficinas en un edificio alquilado por el PAMI, pone en evidencia la utilización de recursos públicos para fines partidarios».
En ese marco, se consignó que la Fundación Faro «posee vínculos directos con el Gobierno Nacional, ya que fue el propio Santiago Caputo quien involucró a su hermano Francisco en dicha organización». El think tank mileista tiene a su cargo lo que denomina «batalla cultural», que consiste en atacar a las mujeres y disidencias sexuales.
Finalmente, los denunciantes solicitaron que «oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria» a Leguizamon; Marcelo Adolfo, Victoria Eugenia y, Kevin Pocovi, los responsables de la firma “Miriam Campos S.A”, Santiago y Francisco Caputo y Laje.
Fuente: Conclusión
