En medio del escándalo de las Obras Sociales el Gobierno sigue su camino de intervención con la mayoría de ellas. Muchas manifestaron resistencia y es por eso que se van a tratar de manera particular. La última en ser estudiada fue la obra social del sindicato de peones rurales (UATRE).
Se trata de la segunda de mayor importancia por el número de afiliados de la Argentina. Este proceso del Gobierno llega justo después de un mes de que la Justicia de La Pampa le devolviera al sindicato el control de la Osprera, antes pasaron por una intervención judicial que duró más de un año.
La intervención y control se UATRE se definió hoy bajo la resolución 1612 de la Superintendencia de Salud. Por el momento se nombró a la abogada Virginia Montero como administradora provisoria después de algunas irregularidades que descubrieron desde el gabinete de Javier Milei.
Este es el segundo control específico que se hace desde la entrada del nuevo Gobierno a una prestadora de salud. Antes de esta, fue la del Personal del Fósforo (Ospif). En ese caso, nombraron a exfuncionario de la SSS desplazado por sospechas sobre su participación en traspasos fraudulentos de afiliados.
Igualmente, UATRE es mucho más importante porque cuenta con 650 mil afiliados, apenas un poco menos que los que tienen los empleados de comercio. Por supuesto que esta decisión no iba a pasar desapercibida y ya generó indignación en la CGT, desde el gremio lo consideran innecesario.
Según la resolución, las consideraciones que tomaron tienen que ver con «Una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias en que incurre el Agente del Seguro de Salud (Osprera), de incuestionable gravedad». También enumera «Las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como, un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo».
FUENTE: Minuto Neuquen
