Las dos grandes corrientes políticas modernas de Uruguay, de centroderecha y centroizquierda, se disputarán la presidencia del país sudamericano en un balotaje que confirma la excepción de un sistema que evita a los rupturistas, aprecia transiciones tranquilas y refleja algunos consensos envidiables para la región.
Álvaro Delgado, de la gobernante Coalición Republicana de centroderecha, y Yamandú Orsi, del centroizquierdista Frente Amplio (FA), disputarán este 24 de noviembre en Uruguay una segunda vuelta presidencial de pronóstico muy cerrado pero en un clima político sosegado, atípico para la región en estos tiempos.
Sin embargo, como en muchos otros países, el estancamiento de ingresos y la creciente desigualdad económica que dejó la pandemia, así como el avance de los delitos común y organizado, tendrán un peso decisivo en las urnas uruguayas. Auge del delito, desempleo, narcotráfico y pobreza es lo que preocupa a los votantes.
Delgado, un veterinario de 55 años, es dirigente del conservador Partido Nacional del presidente saliente Luis Lacalle Pou (en Uruguay no hay reelección consecutiva), uno de las cinco fuerzas de la coalición oficialista junto con el liberal Partido Colorado, el derechista Cabildo Abierto, el Independiente y De la Gente.
La primera vuelta operó en la coalición en el poder como una primaria presidencial, en la que Delgado (26,7%) se impuso claramente al candidato colorado, Andrés Ojeda (16%), un referente de la “nueva derecha”, dejó muy atrás al exmilitar derechista Guido Manini Ríos (2,48%) y al independiente Pablo Mieres (1,70%).
Pero el más votado resultó Orsi (1,05 millones sobre 2,4 millones de votos), un profesor de historia de 57 años que obtuvo 43,9%. Aún así, el triunfo dejó un regusto amargo al FA, que gobernó entre 2005 y 20020 y confiaba evitar el riesgo de enfrentar ahora al resto de la oposición unida detrás de Delgado, un candidato que sin embargo no parece traccionar la popularidad del saliente Lacalle (50%).
En el Congreso, la centroizquierda ya se aseguró el control del Senado, con 16 bancas de 30, contra 9 del Partido Nacional y 5 del Partido Colorado, y una mayoría de 48 diputados sobre 99 en la cámara baja, contra 29 del PN y 17 del PC (Cabildo Abierto 2, Identidad Soberana 2 y Partido Independiente 1).
Sin outsiders, candidatos antisistema o líderes emergentes y rupturistas, los dos partidos bicentenarios del país, el Nacional y el Colorado, los dos más importantes de la historia uruguaya hasta la irrupción del Frente Amplio en el último medio siglo, reunieron el 87% del total de votos, con una participación del 70%.
“Todo lo cual indica que gane quien gane el ballotage, la continuidad de las políticas de largo aliento (estabilidad macroeconómica, integración comercial, un clima amigable para las inversiones, políticas sociales activas y un Estado de bienestar fuerte) no está puesta en cuestión”, según Ernesto Talvi, investigador del CIDOB.
La segunda vuelta dirimirá “una confrontación entre dos proyectos que tienen más en común que diferencias”, coincide el politólogo Adolfo Garcé.
Segunda vuelta
Las elecciones supondrán una segunda oportunidad doble para el FA, la de coronar como presidente a Orsi y la de demostrar que el gobierno de Lacalle sólo supuso un pausa en una nueva hegemonía política progresista para el país, socio menor en el MERCOSUR de Argentina y de Brasil que durante los últimos cuatro años lidió con el bloque para forzar una mayor apertura comercial con el resto del mundo.
Si se toman estrictamente los resultados de la primera vuelta, el oficialismo tiene asegurados más del 47% y Delgado corre de atrás de Orsi, pero el voto de los indecisos será determinante en un escenario tan ajustado. Por ejemplo, los de la novel Identidad Soberana (2,69%), el disruptivo Gustavo Salle.
En caso de ganar el oficialismo, el PN de Lacalle tendrá que negociar de otro modo con el PC, porque el partido principal cayó 1,5% respecto de 2019 mientras su aliado colorado creció con fuerza, lo que hace pensar a algunos analistas que Delgado estaría obligado a cogobernar son sus históricos rivales, hoy aliados. En 2019, Lacalle se impuso a Daniel Martínez (FA) por apenas 50,8% a 49,2%.
Una administración de Delgado también estaría obligada a una “cohabitación” de hecho con la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, y ya está visto que las reformas de fondo en Uruguay demandan un alto nivel de consenso.
Por ejemplo, los uruguayos también votaron dos plebiscitos constitucionales. En uno, rechazaron (sólo 39,3% dijo SÍ) la posibilidad de hacer allanamientos policiales nocturnos como quería la coalición. En el otro, dijeron no a una reforma previsional para restablecer la edad mínima de jubilación a 60 años y eliminar sus fondos privados (38,3%), impulsada por la central sindical opositora PIT-CNT.
Para la segunda vuelta, una parte del debate sigue centrado en la recuperación desigual del salario, congelado en niveles pre pandemia de 2019, con una distribución bastante peor. Por ejemplo, el decil más alto se ha apropiado del ingreso mejor que los más bajos y el índice de Gini empeoró respecto a 2019. Aun así, hay un consenso mayoritario en mantener una economía de mercado.
Según Orsi, la historia de solidez del Estado del bienestar uruguayo está básicamente asegurada gane quien ganare. “Aquí nos conocemos todos”, dijo, y por otra parte si el FA vuelve al poder después de cuatro años de políticas de centroderecha no buscaría “destruirlo todo y empezar de cero”.
En el debate presidencial previo, Orsi describió al Uruguay gobernado por Lacalle como “un país estancado” de “promesas incumplidas” y se mostró como líder de “un cambio seguro” que, de imponerse, no será “radical”. De,gado a su vez, exhortó a los uruguayos a elegir entre “dos modelos de país”, uno que “retrocede por su ideología” y otro “que promueve el desarrollo y el crecimiento”.
Una bandera fuerte de la oposición es la lucha contra el creciente delito que agobia a la población uruguaya de 3,5 millones de habitantes y por ello promete medidas urgentes contra el narcotráfico, el blanqueo de dinero -en un país devenido hace décadas en paraíso financiero- y el descontrol en las cárceles.
En lo económico y social, Orsi promete empleo para los jóvenes, aumentos de salarios más retrasados para bajar la tasa de pobreza infantil (25%).
Delgado también promete un paquete de ayuda social de 200 millones de dólares para las infancias, a la vez que se compromete a cerrar un acuerdo comercial con China negociado desde hace tiempo por Lacalle, al margen del Mercosur, y propone reemplazar a unos 15 mil empleados públicos por servicios online.
FUENTE: chptnoticias.com
