El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz ha mantenido una postura que, según denuncian los vocales Pedro Cormack y Gloria Robles, perpetúa las políticas de desatención y ataque a los derechos laborales de los educadores, tal como lo hacían las administraciones anteriores. A pesar de las promesas de cambio, la situación de la infraestructura escolar sigue siendo crítica, con numerosas escuelas que continúan con clases suspendidas por falta de calefacción, agua e insumos, incluso después de ocho meses de gestión. Esta crisis no solo afecta a los estudiantes, sino también a los docentes, quienes se ven obligados a trabajar en condiciones inadecuadas o, en algunos casos, directamente imposibilitados de ejercer su labor.
Los miembros de las vocalías dentro del CPE señalan que el organismo ha vaciado de espíritu democrático las instancias de diálogo y acuerdo, como las reuniones de comisión de Carrera Docente, que son vitales para definir cuestiones fundamentales para la dinámica educativa. La falta de convocatorias a sesiones y la inacción ante problemas laborales específicos han dejado a muchos docentes en una situación de vulnerabilidad, sin respuestas ni soluciones a sus problemas.
Un tema particularmente sensible es la violación del Estatuto Docente por parte del CPE al negarse a aplicar el artículo 6, inciso “d”, que protege a los docentes con tareas pasivas definitivas. Este artículo establece que los docentes en esa situación, con una antigüedad de diez años o más, deben ser reasignados a tareas administrativas sin sufrir una merma en su salario. Sin embargo, el CPE ha ignorado esta disposición, lo que ha llevado a muchos docentes a enfrentar una reducción significativa en sus ingresos, especialmente aquellos con doble cargo que pierden el salario correspondiente a su puesto suplente o interino.
Además, se han registrado casos de docentes con cargos jerárquicos que, al ser declarados con tareas pasivas definitivas, han perdido su dedicación exclusiva de manera unilateral. Esta medida no solo empeora su situación económica, sino que también afecta negativamente sus futuros haberes jubilatorios, condenándolos a la pobreza después de años de servicio en la educación. La comunidad educativa acusa al CPE de mostrar un profundo desprecio por la labor docente, castigando a quienes han dedicado su vida a la enseñanza y sacrificaron su salud en el trabajo.
La crítica hacia el CPE también apunta a su aparente desinterés en cumplir con la premisa constitucional que establece al trabajador como sujeto de preferente tutela legal, garantizando la estabilidad en el empleo público. Al desatender estas normas, el CPE expone a los docentes a la precariedad y la inseguridad económica, justo en uno de los momentos más delicados de sus vidas laborales.
Las voces dentro del ámbito educativo claman por un cambio de actitud en el Consejo, un giro que abandone las prácticas de atropello y desconsideración heredadas del pasado. La comunidad educativa demanda un verdadero compromiso con la defensa de los derechos laborales y un enfoque más humano en la gestión de la educación, que priorice el bienestar de sus trabajadores y estudiantes. La necesidad de soluciones efectivas y la urgencia de atender a la comunidad a través de sus representantes legítimos son aspectos que, según los críticos, no pueden seguir siendo ignorados por la actual administración. (Agencia OPI Santa Cruz)
1 COMENTARIO
Juan Vidal sigue mostrando la hilacha. Fue bien astuto para engañar al electorado opositor al kirchnerimo, y ya en el cargo resultó ser un kircho encubierto.
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FUENTE: Agencia OPI Santa Cruz
